mayo 28, 2010

¿Justicia indígena?

mayo 28, 2010
por Héctor Yépez Martínez


“Esa justicia es corrupta, no hace nada, no sirve”. Según El Universo, así calificó a los tribunales estatales un dirigente durante la “purificación” de Orlando Quishpe, reo de asesinato y víctima de la ortiga por decisión de la justicia indígena en La Cocha. Casi un año atrás, en abril de 2009, se difundió el caso de José Toapanta Chicaiza y Mauricio Toapanta Vargas, acusados de robo y condenados a la ortiga en Cochapamba, bajo la euforia de 500 indígenas. Rafael Toapanta aclaró que “policía coge delincuentes y al poco tiempo la justicia los libera y salen más vengativos” y que por ello deciden “no entregarlos al juez, sino hacer justicia en nuestra comunidad”, donde, eso sí, “no les vamos a matar ni a quemar”. Un mes antes, en Canchagua, un hombre había sido torturado y quemado. En Zumbahua, mataron a dos mujeres adúlteras. Esta semana Vistazo narra que, en Loreto, “calcinados quedaron los cuerpos de los primos Víctor Naranjo Morejón y Pedro Velasco Morejón (…) luego de ser ajusticiados por una familia perteneciente a la nacionalidad quichua”. ¿Por qué? Según el sospechoso, “el pueblo eligió que se quemen”.

Refiriéndose a la tortura de Orlando Quishpe, Rafael Correa —hoy en contienda política contra el movimiento indígena—, la tildó de “monstruosidad”. Explicó que, como el delito juzgado no era un simple robo, sino un asesinato, “obviamente ya no caben prácticas ancestrales sino la justicia nacional”, de manera que la justicia indígena era incompetente. “Pongámonos de acuerdo, ¿quieren ser ecuatorianos o no?” En su opinión, incluso la sola retención de Quishpe es un delito de “secuestro”.

Según Vistazo, el Ministro de Gobierno ratificó el criterio presidencial: la justicia indígena puede pronunciarse sobre “conflictos territoriales e internos”, pero “un homicidio no puede ser concebido como un conflicto solamente de interés interno de una comunidad”. Parecería que el Ministro va más allá: el sistema indígena ya no debe limitarse a sancionar robos inofensivos, sino que no puede juzgar ningún delito penal en absoluto.

Nina Pacari, por otro lado, aclaró que la pena de muerte no estaba contemplada en las prácticas ancestrales, mas sí otras formas de “purificación”, como el látigo y la ortiga.

¿Quién dice la verdad aquí?

La raíz más próxima del problema, como algunos advirtieron oportunamente, fue la Constitución de Montecristi. En el artículo 171, la Asamblea legitimó los actos de la justicia indígena, equiparándolos a las decisiones de cualquier juez estatal y revistiéndolos con fuerza de cosa juzgada. Pero le impuso un límite: el respeto a los derechos humanos.

Contestemos, entonces, las posibles interrogantes:

¿La justicia indígena puede juzgar delitos o solo conflictos “internos”?

El Presidente y, todavía más, el Ministro de Gobierno, están equivocados. La Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial —ley de la Asamblea Nacional— equiparan justicia indígena a justicia estatal. Sin distinciones ni excepciones. Por tanto, las autoridades indígenas tienen exactamente la misma potestad que los jueces estatales para conocer, juzgar y sancionar la comisión de infracciones penales. También para ventilar cualquier asunto civil, comercial, territorial, familiar, laboral, etc. El Ministro interpreta incorrectamente la frase constitucional de que las autoridades indígenas “ejercerán funciones jurisdiccionales (…) dentro de su ámbito territorial”, que significa que los indígenas no pueden juzgar en base a sus costumbres fuera del espacio físico que constituye su territorio. Eso no quiere decir que los asuntos sobre los cuales juzgan tengan que ser cuestiones territoriales. Es un asunto de límite de competencia, no de materia.

¿La condena al látigo y la ortiga es lícita?

No. Y no porque se trate o no de un robo, de un asesinato o de una cuestión territorial, como sugiere el Gobierno. Estas condenas son ilícitas porque violan el derecho fundamental a la integridad física y, por tanto, están más allá del límite impuesto por el artículo 171 de la Constitución a la justicia indígena, que no puede violar los derechos humanos. Obviamente, la pena de muerte, esté o no contemplada en las prácticas ancestrales, nunca sería otra cosa que un homicidio. Todo esto se aplica también a los jueces estatales. Ellos tampoco pueden matar.

¿Los casos mencionados constituyen delitos?

Casi todos. Si la autoridad indígena mata al juzgado, obviamente comete un delito de homicidio, porque infringe la prohibición de la Constitución de no violar el derecho a la vida. Si la autoridad ataca con látigos u ortigas al juzgado, comete un delito de lesiones, porque infringe la prohibición de la Constitución de no violar el derecho a la integridad física. Si un juez estatal matara o azotara, también sería delito. 

¿Pero qué sucede en caso de retención o privación de libertad, que nuestro Presidente califica como secuestro?

Aquí la línea es fina. Evidentemente, siempre podrá decirse que toda sanción viola un derecho humano. Así, cuando el juez lo ordena a pagar una suma de dinero, lesiona el derecho a la propiedad. Cuando el juez mete preso a alguien, lesiona su derecho a la libertad ambulatoria. Pero estas lesiones a derechos subjetivos son perfectamente constitucionales. Luego, ¿por qué si el juez estatal puede privar de libertad, el juez indígena no puede? ¿Por qué se justifica la imposición de una pena privativa de libertad por parte del Estado, pero se la rechaza cuando es impuesta por la jurisdicción indígena, si la Constitución sitúa a las dos en el mismo nivel jurisdiccional? La realidad es que el juez indígena no puede decidir matar ni lesionar, pero sí apresar, con las mismas potestades y prohibiciones que un juez estatal. La ejecución de la orden de privación de libertad, en cambio, correspondería a los agentes policiales.

Con todo, el problema es debatible. En mi opinión, los indígenas no deberían estar facultados para quitar la libertad. Pero de hecho lo están. La culpa no es de las comunidades indígenas, ni de la CONAIE, sino de los asambleístas de Montecristi y de los ecuatorianos que, para variar, aprobamos una Constitución sin medir suficientemente las consecuencias. ¿O qué más puede esperarse de una carta fundamental que antepone la Pacha Mama, símbolo indígena, a los íconos de la inmensa mayoría de los ecuatorianos? Lamentablemente, dimos nuestra venia a las costumbres de grupos minúsculos, que se merecen todo el respeto del mundo, pero que no representan el estándar de la sociedad ecuatoriana.

Además de las aberraciones a que han llegado las prácticas ancestrales —por el impulso, mas no el permiso, de la Constitución vigente—, lo que más preocupa es que las autoridades indígenas denuncien la inoperancia y corrupción del sistema judicial estatal para justificar el homicidio y la tortura. ¿Tan bajo ha llegado la justicia ecuatoriana que, para no ser víctima de los fiscales y jueces del Estado, la gente prefiere la muerte, el látigo y la ortiga?

Acaso seamos hipócritas en espantarnos por los excesos, sin duda horrendos, de las prácticas ancestrales, mientras permanecemos impávidos ante los escándalos de la administración de justicia estatal, donde, en modo más sutil, pero no más inocente, todos los días del año se violan los derechos de las personas, asfixiadas en un auténtico mercado negro de sentencias. A la larga, indígenas o estatales, legos o abogados, la justicia ecuatoriana se ha abocado en un nivel de decadencia donde campea el desengaño.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Interesante...pero las cosas no solo son de acción sino de sanción. Pregunto: Dónde estuvo el Ministro de Gobierno, el Comandante de la Policía y otros que deben velar pq las leyes se cumplan. Brillaban por la ausencia. O sea que los indigenas o indios pueden deshacer a placer y las otras razas --bien gracias -- este es un país de mestizos y no debemos tener corona para nadie. Dónde quedó el buen vivir que promulga la constitución?? En un cajón viejo de la Asamblea es posible que lo encontremos...Hay que levantar la voz y pedir que se actúe con justicia y no solo en estos eventos sino en todo lo que realiza el estado

Anónimo dijo...

Donde puedo enterarme más de la justicia indígena.
recomendaciones porfavor...

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