Ustedes tranquilos, que yo me fiscalizo

por Héctor Yépez Martínez | @hyepezm

Nada se ha criticado más a la actual Asamblea Nacional que la falta de fiscalización a la Función Ejecutiva. Y la crítica continuará: con las nuevas comisiones legislativas, la mayoría de la Asamblea sigue estando, de una forma u otra, dominada por el Presidente Correa. Es por eso que la crítica me parece un sinsentido. 

Me explico. Tanto la oposición como los medios privados sostienen que la Función Legislativa tiene el deber de fiscalizar la cosa pública. Legalmente, tienen razón. Sin embargo, en los hechos, como el Legislativo está en el mismo bando político que el Ejecutivo, la verdad es que no se fiscaliza nada. 

Eso puede estar muy mal —y lo está—, pero es perfectamente natural. De ahí que esperar un resultado diferente pueda servir como discurso de tarima, pero jamás nos va a conducir a ninguna verdadera solución.

¿Por qué digo que es lógico que la Asamblea no fiscalice al Ejecutivo?

Porque el hecho de que el Presidente y la mayoría de legisladores sean del mismo grupo es lo normal en nuestras democracias.  Así, en los sistemas parlamentarios, el Jefe de Gobierno es elegido por la mayoría de los legisladores. En los sistemas presidencialistas, si bien el Ejecutivo no es designado por los asambleístas, lo más probable es que su grupo político haya obtenido también el mayor número de votos para la Función Legislativa. 

Por supuesto, esto no siempre ocurre.  A veces el electorado está tan fragmentado que el Presidente gana por poco y, en consecuencia, hay un mayor equilibrio de fuerzas en la Asamblea.  Así pasaba en Ecuador antes de Rafael Correa.  Pero no es ideal que los presidentes ganen siempre con las completas.  Lo común —y, tal vez, lo óptimo— es que el ganador de la Presidencia obtenga un amplio margen de votos, que automáticamente le significará un grupo considerable de legisladores a su favor.

Pues bien, si lo habitual es que la mayoría del Legislativo coincida con el Ejecutivo, ¿es razonable esperar que el Presidente y sus autoridades sean fiscalizados por sus amigos? Claro que no.

¿Entonces por qué nos ofuscamos y amargamos, día tras día, noche tras noche, al constatar que los legisladores no fiscalizan a sus compadres?  Porque cometemos uno de los peores errores que cabe en la política: analizar las cosas sobre premisas irreales. Por una razón netamente institucional, la Asamblea no debe ser nunca el principal blanco de esperanzas para controlar al Gobierno. Eso es utópico. 

La Asamblea es una especie de fiscalizadora de última instancia.  Para la fiscalización “cotidiana” deben estar las autoridades de control. Por ejemplo, la Contraloría y, en el ámbito penal, la Fiscalía. Y, por supuesto, los jueces. Es a ellos a quienes debemos apuntar los dardos a la hora de reclamar contra la impunidad. El problema es que no existen mecanismos efectivos para exigir nada a las autoridades de control, que responden a una Función cuyo nombre de “Transparencia y Control Social” es un monumento a la ironía y, en la práctica, son nombrados por el oficialismo. Los jueces… ya sabemos hoy quién los controla. Ni qué decir de nuestro periodismo, que poco valora la investigación profunda, a largo plazo, como una de sus prioridades.

Por eso entiendo que los disidentes al Gobierno pongan todas sus esperanzas en los únicos a quienes pueden rendir cuentas y tienen un interés político en atender sus demandas a cambio de votos: los asambleístas de oposición. Lamentablemente, sus anhelos se estrellan contra la dura realidad. Los asambleístas de oposición, mientras sigan siendo oposición, serán también minoría. ¿Cómo van a lograr un consenso para enjuiciar, por ejemplo, a un Ministro de Estado que será protegido por la mayoría parlamentaria?  Es casi imposible, salvo que ocurra un hecho extraordinario o que el enjuiciado caiga en desgracia con el mismo Gobierno. 

Mi diagnóstico:

El poder fiscalizador de la Asamblea seguirá concentrado en los amigos de quienes deben ser fiscalizados —y, por muy feo que parezca, es lo normal. Estoy seguro de que quienes dedican su tiempo en la política y el periodismo para criticar la falta de control legislativo lo hacen con la mejor de las intenciones. Pero es tiempo perdido. Es ingenuo pretender que el Gobierno se fiscalice a sí mismo. Sería mejor que esa energía la dediquen para invertir en un auténtico periodismo de investigación y en una incansable presión mediática contra aquellas autoridades de control y justicia que, a diferencia de los legisladores, sí tienen el deber de permanecer independientes.

Foto de Diario Hoy