Ecuador no tiene ninguna defensa. Esa es la única conclusión a la que he llegado después de ver la reacción del Estado, en todas sus funciones, frente a las acusaciones levantadas en su contra por violar la libertad de expresión y las garantías judiciales. Parece ser que nuestros funcionarios saben, a ciencia cierta, que están perdidos ante las instancias internacionales de derechos humanos y que sus ataques a la prensa son indefendibles ante cualquier juez fuera de Ecuador.
¿Por qué mi conclusión? Es que de otra manera no se explica la estrategia que el Gobierno, la Función Judicial y, recientemente, la Procuraduría General del Estado, han seguido en torno a los casos de El Universo y El Gran Hermano. Su plan de batalla no ha sido fabricar argumentos de fondo para defender los juicios del Presidente Correa contra medios y periodistas. Al contrario, el plan es deslegitimar la actuación de todo organismo internacional e independiente que meta sus narices en el asunto.
En efecto, desde el comienzo del caso El Universo, en la tristemente célebre sentencia del juez Paredes, se cometió la torpeza de esbozar la teoría suicida de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es obligatoria para Ecuador. Ese argumento es, de por sí, una terrible confesión de culpabilidad. ¿Por qué? Cualquier abogado se los dirá: uno solo cuestiona la aplicabilidad de una ley cuando esa ley no le conviene a su cliente. Si los juicios del Presidente contra periodistas fueran conformes a los parámetros internacionales en materia de libertad de expresión, ni su abogado Alembert Vera ni el juez Paredes hubieran tenido la ocurrencia de afirmar que dichos parámetros no son vinculantes para Ecuador. Eso implica reconocer, tácitamente, que Ecuador violó el Pacto de San José.
La misma torpeza repite el Estado desde la audiencia en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Digo “el Estado” porque en los procedimientos del sistema interamericano de derechos humanos no se juzga al Gobierno de Rafael Correa, sino al Estado ecuatoriano en su conjunto (de ahí que haya sido deber del Procurador General presentarse en la audiencia, contra lo que infantilmente acusan ciertos opositores). En la CIDH, el Estado nuevamente adoptó la postura del torero. En vez de explicar por qué Ecuador habría respetado el Pacto de San José —acudiendo, se me ocurre, a alguna explicación novedosa sobre el derecho al honor—, las autoridades oficiales han tenido reacciones tan torpes como plantear la “redefinición” de derechos o amenazar que el Gobierno solo oirá a la CIDH si sus recomendaciones son razonables. Con ello, nuestros funcionarios de nuevo ratifican que Ecuador no respetó los derechos fundamentales —de ahí que sea necesario “redefinirlos”— y que la CIDH emitirá recomendaciones en su contra —léase: “irrazonables”—. Por último, el Presidente ya inició una campaña política contra la CIDH, intentando deslegitimarla por no haber intervenido en otros casos de injurias, por pretender violar la soberanía nacional y por el simple hecho de sesionar en Washington. Es claro que el Presidente sabe que todo está perdido.
¿Qué pasará después? A pesar de la resistencia del Estado ecuatoriano, los casos llegarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a desprestigiar en las sabatinas a la Corte, cuando es una de las instituciones más respetadas de la región? ¿O terminaremos como Venezuela, boicoteando la ejecución de sus fallos o inventando excusas ridículas para no cumplirlos? Lo que sí no tendremos es el argumento facilista y falso de que la Corte violará nuestra soberanía cuando nos condene, porque eso implicaría deslegitimar condenas anteriores y, sobre todo, porque el pueblo aprobó una norma en Montecristi que ubica al Derecho Internacional de Derechos Humanos y, por tanto, a la jurisdicción de la Corte Interamericana, por encima de la misma Constitución. Así que Ecuador tiene dos opciones: o cambia completamente su estrategia o se resigna a formar parte de la oscura lista de países que aplastan los derechos básicos de sus ciudadanos y lo hacen, a mucha honra, a vista y paciencia del mundo entero.
Foto de El Ciudadano, reproducida en Telesur
5 comentarios:
coincido.
será interesante ver cómo responde el sistema IA a esa postura del ecuador de "redefinir los derechos" porque en el sistema internacional está tomando fuerza la doctrina de la "autonomía de conceptos" en materia de derechos humanos. la doctrina apareció en el sistema europeo precisamente para contrarrestar los alegatos de los estados en el sentido de que "en mi país el derecho xx se entiende de esta manera" y que resultaba una bonita forma de hacerle el quite al derecho internacional. la corte europea determinó entonces que los derechos humanos en el sistema internacional eran autónomos de las concepciones y, sobre todo, limitaciones del derecho doméstico. claro, esto ha generado toda una discusión sobre cuán autónomos son estos conceptos autónomos pero el principio es que la defensa nacional de "mi definición [o redefinición] es ésta", no es por sí sola una defensa aceptable. la corte interamericana ha acogido la doctrina de la autonomía del concepto, explícitamente en los casos en los que se discute el derecho indígena a la propiedad. y es que según las concepciones nacionales, la propiedad suele estar restringida a concepciones individualistas del derecho y sujeta a requisitos que los reclamos de los pueblos indígenas no podrían cumplir. la corte ha dicho que el derecho a la propiedad en la convención americana (art. 21) ampara una gama más amplia de concepciones, y que las concepciones indígenas son unas de ellas.
Así es. Esa autonomía de concepto en la definición internacional de los derechos humanos implica que ningún Estado puede defender una violación de derechos con el pretexto de su propia concepción doméstica. Eso implicaría que el Estado sea juez de su propia conducta y llevaría a un completo absurdo. Por otro lado, el respaldo de las mayorías al Gobierno tampoco es argumento para legitimar nada, ya que los derechos humanos son elaborados, usualmente, para protegerse "contra" las mayorías.
Estoy de acuerdo con estos comentarios, sin embargo falta mucho por aclarar.
pues sí. para el sistema está claro que no hay derechos absolutos pero tiene un bastante desarrollado examen para justificar las limitaciones a los derechos en una sociedad democrática, así que tampoco es que es un sistema irracional que sólo ve a una parte.
hablando de lo cual, veo que se ha pasado por alto algo sobre lo que catalina botero (creo) le llamó la atención a los medios: sus sistemas de auto-regulación. el que le contestó dijo vagamente "sí, señora, cada medio tiene su código de ética". ajá.
yo creo que la comisión también va a elaborar más por ese lado en su reporte. el artículo ese de emilio palacio -y quién sabe cuántos otros- difícilmente habrían pasado a publicación en un medio serio. no sé si vayan a tomar también el tema de la situación de los periodistas con respecto a los medios en los que trabajan y contra los que poca protección tienen cuando disienten. ojalá.
lo bacán de la comisión es que, a diferencia de la corte, no es tan legalista y puede -de hecho, está llamada a- meter todos los temas que sea necesario para analizar y recomendar sobre la correcta aplicación de los derechos. aquí hay muchas cosas que toca revisar, cosas que a una y otra parte quizás no les guste que les escarben.
así que yo celebro que la comisión esté conociendo este asunto. por ahí leí alguien que se quejaba de que catalina botero estaba muy ladeada hacia los medios y otro que decía que era al revés. si es así, bien. es posible que sí esté siendo imparcial.
De acuerdo en debería incluirse a los medios en el informe de la CIDH. No solo porque lo exige la justicia, sino porque será una muestra de imparcialidad difícil de empañar.
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