Y si no estás de acuerdo allá está la puerta…

Por: Juan Pablo Martínez

Una de las secuelas que dejó la reciente marcha por la democracia convocada por el gobierno ecuatoriano es la polémica respecto a los posibles despidos de funcionarios públicos que no se sumaron a la marcha oficial. Primero un Gobernador envía una carta pidiendo la remoción de los funcionarios, luego el Secretario de Comunicación lo felicita públicamente, y por último, el Presidente de la República también apoya la moción. Revisemos los argumentos y posibles impactos detrás de este nuevo ataque a quienes se muestran en desacuerdo con el régimen.

Empecemos por revisar el argumento oficial. Rafael Correa dijo: “Los funcionarios de libre remoción, de alto nivel puestos por este Gobierno, no solo deben ser técnicos, deben ser políticos. Aquí no estamos administrando un sistema, estamos cambiando... Y el que no está comprometido... sí, deberá ser separado del cargo”. Si bien, al menos, el Presidente especifica que se refiere a funcionarios de alto nivel, me parece que la constante satanización del que piensa diferente ha llevado a Correa a argumentar algo claramente contraproducente para el país.

Un error del argumento presidencial es que parece confundir el compromiso de los servidores públicos con el respaldo a una marcha que, le pongan el nombre que le pongan, era una respuesta a una marcha de oposición que tenía un mensaje contra los proyectos mineros. Poniendo un ejemplo concreto: si un tecnócrata especialista en, por ejemplo, desarrollo urbano, que trabaja para X o Y gobernación, no está de acuerdo con la tesis del gobierno en el sector minero ¿eso afecta en algo su nivel de compromiso con el desarrollo urbano de X o Y sector? ¿Debe el sector público desprenderse de un funcionario que trabaja en un tema no relacionado a la minería y que puede servir al país, por no estar interesado en acudir a una marcha? Más aún, ¿no puede el Gobierno actuar de una manera menos hostil (por no decir esquizofrénica) y pensar que tal vez el funcionario simplemente no se apasiona por ese tema específico y por eso no tiene interés en acudir a la marcha, sin que eso signifique que es un enemigo de la revolución?

Hay casos en los que sí sería debatible el impacto de estar en desacuerdo con una política en el nivel de compromiso del funcionario. Para explicar este caso vale hacer un pequeño paréntesis y dejar claro un aspecto de Administración Pública: es absolutamente correcto que los objetivos de cada entidad del Estado estén definidos en base a los objetivos de la política del Gobierno de turno. Por ejemplo, en un gobierno que quiere poner énfasis en terminar la desnutrición infantil, uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de Salud será trabajar en dicho tema. En pocas palabras: los objetivos son políticos, la ejecución es técnica. Ahora sí, en ese caso, si existiese un alto funcionario del Ministerio de Salud que estuviera en desacuerdo con dicha política ya que cree, por ejemplo, que los esfuerzos deberían estar dirigidos a la salubridad materna, entonces el funcionario debería dejar el cargo. Lo contraproducente es que el funcionario esté en desacuerdo con una política gubernamental que afecte su trabajo y su toma diaria de decisiones, sin que esto signifique que el funcionario debe estar de acuerdo con todo lo que diga un gobierno. Otro error en el argumento presidencial es no notar la importante diferencia entre este caso y el del primer párrafo.

Sin embargo, el error del argumento presidencial que más me preocupa es que el Presidente parece olvidar que los funcionarios públicos sirven al país, no al gobierno. En realidad este es el error que, probablemente, más repite el régimen actual ya que constantemente sus dirigentes parecen olvidar que, por más amor que tengan por su partido político, el Ecuador es más que la Revolución Ciudadana y no estar de acuerdo con esta última no significa ser un apátrida. Y resulta muy grave que el mensaje a los funcionarios públicos sea que el gobierno es lo primero: ¿qué debe hacer un funcionario público si se encuentra con información que podría perjudicar al gobierno? ¿Deben los funcionarios públicos expresar sus ideas y discordancias por el bien del debate y el argumento o agachar la cabeza y estar de acuerdo con todo lo que viene de arriba? A mi juicio personal, el llamado es a pensar primero en el gobierno y después en lo que diga tu conciencia o razón... Y eso no está bien.

Por último, me pregunto dónde queda la libertad de los funcionarios públicos para expresar argumentos técnicos que contradigan lo que diga su supervisor (seguramente algún fiel y leal revolucionario). Esta pregunta surge porque, a diferencia de lo que piensan los extremistas de lado y lado, las cosas casi nunca son blancas y negras, por lo tanto, casi siempre hay un espacio en el que debe haber debate y discutir la diferencia de ideas. ¿Usted no cree acaso que las declaraciones del presidente harán que los funcionarios se lo piensen dos veces antes de disentir en algún tema? ¿Qué haría usted si su familia depende de sus ingresos y expresar su opinión le pueda causar perder su trabajo o, por lo menos, perjudicar sus posibilidades de ser ascendido? Lamentablemente este tipo de cultura en el servicio público es perjudicial para todos los ecuatorianos.

Quedan algunos otros aspectos relevantes que no analizaré por motivos de espacio, sin embargo, le dejo otro par de preguntas en el aire: ¿está bien que a las marchas a favor del gobierno vayan personas pagadas con nuestros impuestos (si alguien está obligado a asistir para mantener su sueldo como servidor público entonces eso es lo que está sucediendo)? ¿Cree usted que los jóvenes mejor preparados van a querer entrar al servicio público sabiendo que gran parte de su éxito no se basará en su capacidad sino en su sumisión?

Y no, este tipo de medidas no son democráticas.

Imagen tomada de Cornwell Law