¿Democratizar la libertad de expresión?

Por Héctor Yépez Martínez | @hyepezm

En estos días, el Presidente Correa ha dado dos muestras inconfundibles de su hostilidad al rol que los medios de comunicación desempeñan en una democracia constitucional. La primera fue la entrevista con Julian Assange, célebre fundador de Wikileaks, a quien el Presidente Correa resumió perfectamente su filosofía sobre los medios. Según Correa, no es cierto que los periodistas sean unos angelitos perseguidos por gobiernos malignos, sino todo lo contrario: los gobiernos son los ángeles y los periodistas son los demonios. Coherente con esa premisa ideológica, el Presidente protagonizó este sábado un segundo incidente, más histriónico: romper un ejemplar del diario La Hora por una publicación que le disgustó e incitar a la ciudadanía a un boicot masivo contra la prensa privada, que consistiría en que la gente deje de comprar cualquier periódico que no sea El Telégrafo, principal diario estatal.

La tesis del Presidente envuelve una falacia monumental.

Correa comienza con un diagnóstico más o menos cierto de los medios privados, cuando los acusa de cometer errores, perseguir intereses particulares y ejercer una enorme influencia en la vida social que depende de su capacidad económica (“poder fáctico”). Pero luego Correa deduce de ello una conclusión mortal para la democracia: la solución a los abusos de los medios privados se corregiría con la estatización de la comunicación como un bien “público”. Lo que Correa no dice es que los medios públicos tienen exactamente los mismos defectos que los medios privados, pero con riesgos aún más preocupantes.

A diferencia de los medios privados, que pertenecen a varios dueños, los medios públicos responden a uno solo. Y si bien, en teoría, su propietario es el pueblo, a la hora de la verdad tienen un administrador único: el Gobierno de turno. Por tanto, una comunicación concentrada en el Estado desvanece la más remota posibilidad de pluralismo informativo. Además, la función del periodismo político independiente es servir de contrapeso al Gobierno, en la medida en que —con aciertos y errores— investiga a sus funcionarios y permite a la ciudadanía enterarse de sus malos manejos, cuando ocurren. Esa función queda anulada de raíz en un medio estatal: el Gobierno nunca va a revelar a la ciudadanía lo que no le interesa que se sepa.

A Correa no le interesa que los medios mejoren, ni que haya más espacios de información y opinión para enriquecer a la ciudadanía. ¿Pruebas? Lean El Telégrafo o cualquier otro medio público. En la parte política mantienen una línea editorial de defensa acérrima al régimen. Es decir, los medios públicos ejercen la misma influencia parcializada de los privados, solo que en beneficio del Gobierno. La solución de Correa no es más libertad de expresión, sino que ese mismo “poder fáctico”, que tanto critica, pase a ser concentrado bajo la batuta vertical del Estado.

Por tanto, la propuesta de Correa no es corregir los vicios de un oligopolio de medios privados, sino profundizarlos a través de un monopolio de medios públicos. La única diferencia es que, en el último escenario, él sale ganando. La estrategia es maquiavélica: criticar lo “malo” de una situación actual y vender como “bueno” un remedio que en realidad es mucho “peor”.

La tesis de Correa representa un atentado gravísimo a la democracia, que solo funciona en un espacio donde los actores de la sociedad son capaces de opinar e informarse en libertad para elegir a sus representantes y fiscalizarlos en el ejercicio del poder. Sustituir una oferta plural de comunicación por una oferta única maniatada desde el poder político, impediría de raíz cualquier intento de fiscalización ciudadana y daría a Correa una amplia ventaja frente a cualquier posible contendor electoral.

En definitiva, Correa no busca democratizar la libertad de expresión. Busca estatalizarla, que no es lo mismo. O, como decía Molotov, darle más poder al poder... Y ya saben cómo termina la frase.

Imagen de Diario Correo.